Jorge Montaño llegó al Instituto Nacional Electoral (INE) de una forma inédita, a través de la insaculación. Es decir, la Cámara de Diputados lo nombró consejero electoral por sorteo, luego que las fuerzas políticas no llegaran a un acuerdo para elegir a los nuevos miembros del órgano autónomo –incluyendo a su presidenta–.
Montaño Ventura alcanzó un lugar en la herradura de la democracia haciéndose de una importante carrera electoral en Tabasco, donde fue consejero del instituto electoral del estado, magistrado presidente del tribunal electoral de la entidad y hasta fiscal especializado en delitos electorales de la fiscalía local.
El consejero electoral no limitó sus ambiciones profesionales en el sector público, también lo hizo en el privado, fundando una empresa, misma que no reportó en su primera declaración patrimonial y de intereses que presentó ante el Órgano Interno de Control del INE.
Esta omisión del miembro del Consejo General del INE es considerada una falta administrativa grave que puede ser castigada hasta con la suspensión de su cargo e inhabilitación del servicio público.
La gasolinera del consejero electoral
A principios del 2011, en el municipio tabasqueño de Emiliano Zapata, se fundó la empresa “Servicios Integrados Frontera Sur”, de acuerdo con el acta “Constitución de Sociedad” obtenido por FrojiMX, a través del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía.
El documento oficial señala a cuatro miembros fundadores, entre ellos Jorge Montaño Ventura, actual consejero electoral del INE y en ese entonces consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
La compañía comenzó con un capital social de 2 millones de pesos, precisa el acta, de los cuales 500 mil fueron puestos por Montaño Ventura.
La empresa tiene una particular razón social: la comercialización de gasolina, diésel, aceites lubricantes suministrados por Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera del gobierno de México.
Sin embargo, a través de una serie de solicitudes de información, Pemex negó haber realizado cualquier contrato, convenio o acuerdo, así como tener relación alguna con “Servicios Integrados Frontera Sur”.
Actualmente, el estatus del Folio Mercantil Electrónico de la gasolinera es de “abierto”, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.
No aparece en la declaración patrimonial
El 27 de mayo de 2023, unas cuantas semanas después de ser nombrado consejero electoral, Jorge Montaño entregó su declaración patrimonial y de intereses inicial ante el Órgano Interno de Control del INE.
A través de 19 páginas, el funcionario detalló su patrimonio que incluye un par de terrenos y un departamento que suman poco más de 1.1 millones de pesos en valor de adquisición, cuatro vehículos de los que testó la información, dos cuentas bancarias y dos créditos hipotecarios.
Sin embargo, al llegar al apartado de la declaración de intereses, el consejero electoral respondió con un “No” al cuestionamiento sobre si tenía participación y/o tomaba decisiones en alguna empresa.
Es decir, Montaño Ventura no incluyó a “Servicios Integrados Frontera Sur” en su declaración patrimonial y de intereses.
Las otras de declaraciones patrimoniales: reservadas o inexistentes
En FrojiMX buscamos las declaraciones patrimoniales y de intereses que Jorge Montaño presentó en sus empleos anteriores, sin embargo, estas se encuentran testadas o son inexistentes.
Durante su paso por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, el consejero electoral presentó tres declaraciones patrimoniales, en todas la información de su patrimonio está reservada.
Mientras que al preguntar tanto al Tribunal Electoral de Tabasco, respondió que las declaraciones patrimoniales de Montaño Ventura fueron suprimidas de sus acervos porque dejaron de ser necesarios.
Por su parte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aseguró que los documentos que registraban el patrimonio del consejero electoral ya habían vencido su vigencia documental por lo que ya no están disponibles.
La sanción
Ocultar información de la declaración patrimonial y de intereses es considerado una falta administrativa grave, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Aquel que caiga en esta falta tiene como sanción, según el artículo 78 de la misma ley, desde la suspensión o destitución del cargo, una sanción económica y hasta la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.
Este trabajo fue publicado originalmente en FrojiMX, que forma parte de la Comunidad de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.
