El diputado local de Coahuila, Antonio Flores Guerra, sí ha obtenido contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la compra de carbón, contrario a lo que sostuvo a través de un comunicado de prensa.
El legislador por el Partido del Trabajo fue exhibido esta semana por el diario Reforma de conducir un auto Lamborghini con un costo que oscila entre los 6 y 12 millones de pesos, situación opuesta a la austeridad que promueve Morena y su partido aliado el PT.
Este hecho generó una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró que un legislador no debe tener contratos con empresariales con el gobierno y anunció que pedirá legislar para prohibir estas prácticas.
Posteriormente, el diputado local circuló un comunicado donde aseguró que durante décadas ha trabajado en el marco de la ley, y que sus actividades incluyen la agricultura, ganadería, transporte, servicios, minería, gasolineras, construcción, ramo inmobiliario, entre otros.
«No participo en ninguna empresa que tiene contratos con el sector público. Todos mis bienes, incluido el vehículo en cuestión, son fruto de ese esfuerzo empresarial», expuso en el escrito.
Así mismo, refirió en el comunicado que no participa en ninguna empresa que tiene contratos con el sector público. Esta aseveración es falsa, según corroboró Cactus Check con información pública de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y documentos del Registro Público de Comercio.
Este medio confirmó en el Sistema Electrónico de Contrataciones de CFE, que de 2020 a 2022, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se adjudicaron directamente cinco contratosde mil 132 millones 354 mil 432.86 pesos a la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V.
De acuerdo con el acta constitutiva de Minerales Don Chilo S.A de C.V, esta empresa minera sí pertenecía al diputado Antonio “Tony” Flores y de 2020 a 2022 había recibido contratos de carbón por mil 132 millones 354 mil 432.86 pesos. Sin embargo, pese a este negocio millonario, vendió sus acciones de la empresa antes de convertirse en diputado electo el año pasado. Su socio, Alejandro Hernández Chávez, compró 48 de 49 acciones y Alfonso Gutiérrez González, una acción.
Sin embargo, no es la única empresa vinculada al empresario y político. En 2023, Vanguardia publicó una investigación sobre cómo Tania Flores Guerra, alcaldesa de Múzquiz (Morena) y su hermano, se habían beneficiado con la adjudicación de contratos por más de 3 mil 200 millones de pesos a empresas relacionadas con la familia, lo que equivalía a una cuarta parte del total de recursos entregados en contratos de carbón desde 2020 hasta esa fecha.
De hecho, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su auditoría de cumplimiento 2021-6-90UIC-19-0061-2022 observó la relación de cuatro empresas de la familia Flores Guerra (aunque en el informe no se detalla la familia), según también lo citó Vanguardia en aquella investigación.
La ASF encontró vínculos entre las empresas Coal de Sabinas, El Volcán Consorcio, Minerales Amarani y Minerales Don Chilo, las tres primeras creadas en 2019 y 2020.
“Hay relación y comunicación entre ellas, ya que existe personal que desempeñó distintos cargos (Representante Legal, Administrador único, Accionista y Comisario), así como de parentesco; asimismo, se identificó lo siguiente: Tres empresas Coal de Sabinas, S.A. de C.V., El Volcán Consorcio RC, S.A. de C.V., y Minerales Amarani S.A. de C.V., cuentan con el mismo domicilio fiscal”, se lee en la auditoría.
Otro vínculo que se destaca es el de Minerales Amarani S.A de C.V, cuya socia aparece Mariana Paola Marroquín, esposa del diputado Antonio Flores Guerra
Mariana Paola Marroquín y Juan Hernández Salazar. La primera es esposa de Antonio Flores Guerra y cuñada de la alcaldesa de Múzquiz.
Además de estas empresas, se suma La Sierra Minería y Transporte S.A de C.V, creada en septiembre de 2021 por David Rangel Morales, quien fuera asesor jurídico del Ayuntamiento de Múzquiz que gobierna la hermana del diputado. Un año después de creada la empresa, recibió dos contratos por parte de CFE que sumaron 985 millones de pesos.
