Pensar en un periodismo sin la Ley de Acceso a la Información Pública es acordarse de aquellas horas perdidas en la recepción de alguna oficina de gobierno esperando a que la persona a entrevistar se desocupara de “una junta” para proporcionarte los datos que la mayor parte de las veces estaban maquillados y solo respondían a los intereses oficiales.
Impensable hubiera sido si en alguna de esas entrevistas el reportero le pidiera al funcionario en cuestión que entregara las facturas y las evidencias de los gastos que sustentaran desde cuánto costó el servicio de “coffee break” de la reunión de la que iba saliendo o conocer quiénes son los proveedores y el desembolso exacto de alguna obra pública con las que acostumbran abanderar sus mandatos.
Mucho se ha contado sobre cómo el panorama para los reporteros cambió de forma radical y positiva a partir del 2002 cuando se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, pero fue con la puesta en marcha de los sistemas Infomex (a partir de 2006) cuando se volvió fácil realizar las preguntas a las diferentes oficinas de gobierno.
Pese a que los encargados de las áreas de transparencia en un principio carecían de mucho desconocimiento en cuanto a qué y cómo contestar, pronto fueron adaptándose a todo lo que implicaba la correcta rendición de cuentas y los solicitantes pasamos a obtener respuestas simples en hojas en blanco y sin firmas oficiales o sellos, pronto pasamos a obtener entregables bien hechos y completos que abonaron no solo a la rendición de cuentas sino a que los reporteros pudiéramos informar y sostener nuestros contenidos periodísticos.
En 2016 Infomex se transformó en la Plataforma Nacional de Transparencia, página que no solo sirve para hacer preguntas, sino para buscar en todas y cada una de las respuestas que han sido entregadas por esta vía, incluyendo los archivos de lo que se contestó previamente vía Infomex.
La página cuenta con buscadores y facilidades que te permiten filtrar la información y hacer más fácil la localización de los datos, por año, por estado e incluso por oficina responsable de enviar la información, lo cual es un tesoro para periodistas y ciudadanos interesados en la rendición de cuentas.
Detrás de estas mejoras, innovaciones y facilidades para que hoy podamos exigirle al gobierno que explique cuánto gastó, en qué desembolsó el dinero, a quiénes contrató y hasta estadísticas desagregadas por año en cuanto a cifras como accidentes, homicidios, inversiones, aguinaldos o croquetas para gato compradas en algún centro de protección animal del Ayuntamiento hay más que una Ley que los obligue a dar la información.
Se trata del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, organismo autónomo que hoy está en riesgo de desaparecer a consecuencia de la iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 23 de agosto y que de ser votada a favor será un golpe y retroceso a la transparencia en México, país que es el peor evaluado en cuestión de corrupción entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
En los últimos años han trascendido en las noticias escándalos como la “Estafa Maestra” esquema mediante el cual se desviaron más de 7 mil millones de pesos o el caso de Segalmex donde hubo 9 mil 500 millones de pesos de por medio, hechos que de no ser por el INAI no hubiesen podido ver la luz a través del periodismo de investigación, pues fue gracias a esta instancia que los reporteros lograron obtener la información.
Incluso casos de corrupción que escalaron a nivel nacional como lo fue Odebrecht pudieron hacerse investigables gracia a que hubo un órgano garante que obligara a las diferentes áreas involucradas en proporcionar información a que entregaran los datos.
De eliminarse el INAI se desecharán los grandes esfuerzos de ciudadanos, periodistas, activistas y de personas comprometidas en contrarrestar la opacidad, las omisiones y los malos manejos del dinero público, quedando también la protección de datos personales de los mexicanos sin un organismo que garantice la protección de esta información.
Lo que se propone con la reforma es que las funciones sean absorbidas por otras oficinas de gobierno, las cuales, al ser parte del sistema gubernamental, no garantizará una imparcialidad como la que tenemos actualmente y que se ejerce a través de las y los comisionados que cada miércoles en sesión de pleno exponen qué datos pidió el ciudadano, le fueron negados y los argumentos necesarios para obligar a que los den.
Será cuestión de tiempo ver si los legisladores estarán a la altura de votar a favor o en contra de algo tan importante. Hasta hoy el nivel de debate ha sido débil y con tintes de desconocimiento sobre el contexto, especialmente en cuestión de la protección de datos personales, pues la reforma no contempla que vía se tomará para seguir garantizando este derecho.
Lo cierto es que, sean conocedores del tema del acceso a la información pública o no, la desaparición del INAI impactará a todos de diferente manera, especialmente a quienes como una servidora, se esfuerzan en ofrecer al lector lo que otros no quieren que se sepa.
*Reportera mexicana. Investigación, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública desde Observatorio Sonora de Acceso a la Información y Unidad de Reportería.
